El atentado presuntamente perpetrado por un adolescente de tan solo 14 años en contra del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, ha azuzado el debate sobre el castigo que la justicia debe imponer a los menores de edad que cometen crímenes graves.
Además, el ataque a disparo limpio del pasado sábado llega en un momento en el que el Congreso tramita un proyecto de ley, impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, para reformar el actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Así, mientras un sector clama por el endurecimiento de las penas para esta población, la reforma legislativa contiene ventajas para los adolescentes con el fin de asegurar su reinserción y contemplar la reclusión como última opción.
¿Qué dice la normativa actual?
Con la normativa actual, la Ley 1098/2006, el acto del pasado sábado, cuando el adolescente presuntamente disparó una pistola Glock 9 milímetros contra el político, por encargo, según declaró, podría ser penado con un máximo de ocho años de internamiento preventivo.
De este modo, no sería recluido en una cárcel, sino en un Centro de Atención Especializada. Por el momento, la Fiscalía lo mantiene encerrado en sus instalaciones, dado la gravedad de los hechos. El joven está imputado de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio, cargos que se negó a aceptar.
De ser declarado culpable, un adulto podría ser condenado hasta 40 años de prisión. La diferencia en el trato busca la reinserción del menor en la sociedad.
Instrumentalización de menores
La problemática que aviva el debate consiste en que las estructuras del crimen organizado han utilizado a niños, niñas y adolescentes durante años para cometer todo tipo de delitos.
Por un lado, los criminales usan la amenaza y la vulnerabilidad de los menores de edad; y por otro, los engañan con promesas de pago o les aseguran que tendrán escasas consecuencias si son capturados.
El país tiene antecedentes de estas prácticas desde los años 80, cuando el famoso narcotraficante Pablo Escobar utilizaba un ejército de menores, de entre 13 y 16 años, como sicarios a sueldo para cometer crímenes.
¿Qué se propone?
La reforma que se propone en el Congreso busca la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente a otras garantías de los intervinientes.
En esa línea, se plantea la desjudicialización e intervención penal mínima, a través de la aplicación del principio de oportunidad, la sustitución de la sanción y la incorporación de la justicia restaurativa y la justicia terapéutica.
El propósito es ofrecer alicientes por la reparación a la víctima, así como enfocarse en la rehabilitación del menor, en el caso del consumo de sustancias ilícitas adictivas. En ningún escenario se contempla el incremento de sanciones.
¿Cuál es el estado de la violencia juvenil en Colombia?
Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), citados por El Tiempo, en 2024 al menos 168 de los 5.904 menores de edad (entre 14 y 18 años) que ingresaron en el sistema penal juvenil fueron responsabilizados de asesinato. La sanción más común para este tipo de delitos es el internamiento preventivo.
Según la presidenta de la Comisión de Infancia de la Cámara de Representantes, Erika Tatiana Sánchez, la reincidencia de estos menores ronda el 20 %, mientras que no existen "métricas claras sobre la efectividad del modelo".
Los derechos de los niños prevalecen
La Constitución de Colombia y la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el país, garantizan que los derechos de los niños y adolescentes prevalecen sobre los demás. Bajo esa premisa, el país se divide estos días en dos corrientes: la punitiva y la rehabilitadora.
La primera vertiente sostiene que la disminución de la responsabilidad penal no es adecuada, pues estiman que los adolescentes ya son conscientes de las consecuencias de sus actos. En criterio del sector punitivista, darle luz verde a la reforma es habilitar un 'mercado de sicarios' con beneficios para el crimen organizado.
La segunda corriente apuesta por corresponsabilizar al Estado y la sociedad por el destino de esos menores. Muchos de ellos tienen a sus espaldas un historial de abandono, de violencia intrafamiliar, de vulnerabilidad o como víctimas de violencia de todo tipo.
En el debate se cuela la comparación con otros países, desde los más punitivos, como es el caso de EE.UU., que puede condenar a un menor a cadena perpetua igual que a un adulto; hasta países europeos que contemplan penas reducidas y acciones enfocadas a la reeducación y la reinserción en la sociedad.