En Estados Unidos frenan la aplicación de una de las leyes migratorias más duras del país, la del estado de Alabama. Este lunes la juez federal norteamericana Sharon Lovelace Blackburn decidió bloquear temporalmente la entrada en vigor de la controvertida ley contra la inmigración de indocumentados, llamada oficialmente ley H.B.56.
Inspirada en la ley SB1070 de Arizona de 2010, la ley antiinmigrante de Alabama debía entrar en vigor el 1 de septiembre, pero la juez ha aplazado hasta el 29 de septiembre la puesta en marcha de esta iniciativa para estudiar su constitucionalidad y la posible violación de los derechos humanos que puede entrañar.
Las nuevas normas exigen que la policía -cuando detenga a alguien por alguna infracción- pida los 'papeles' si sospecha que es un inmigrante indocumentado. Las personas que presten cualquier tipo de ayuda (como albergue o transporte) para ocultar a los inmigrantes 'ilegales' también serán arrestadas y castigadas. Según esta iniciativa, las escuelas y empresas públicas están obligadas a determinar el estatus migratorio de todos los estudiantes y nuevos empleados de sus centros.
Varios grupos cívicos y religiosos entablaron sendas demandas por considerar que esta ley viola la Constitución y los derechos civiles de las personas. El pasado 1 de agosto el Departamento de Justicia también presentó una demanda contra esta ley por considerarla "contradictoria" a la legislación migratoria federal.
La juez Blackburn explicó que la suspensión temporal de la H.B.56 no refleja su postura sobre los méritos de la ley, sino que busca dar más tiempo a la revisión de los documentos presentados durante la audiencia de la semana pasada. "Al presentar esta moción, la corte hace notar especialmente que no está aludiendo a los méritos de las mociones", señaló Blackburn respecto a las partes a favor y en contra de la ley.
El gobernador de Alabama y defensor de la ley, Robert Bentley, emitió urgentemente un comunicado manifestando su confianza en que la decisión final de la juez Blackburn será favorable a la implementación de la normativa. "Espero una decisión de la juez sobre el fondo. Hace tiempo que necesitábamos una ley dura contra la inmigración ilegal en este estado, y ahora tenemos una", declaró Bentley.
El director del Programa sobre Estudios Fronterizos en Arizona, Javier Durán, consideró a la cadena RT que derogar una ley migratoria tan dura beneficiará a la economía estadounidense. "Yo creo que es importante pensar que muchas personas están considerando su estatus y sus condiciones de vida de acuerdo a estas leyes. Parece que esto va a ayudar a estabilizar un poco que haya menos movimientos en la parte sur de EE. UU., menos desplazamiento de personas, y por otro lado también ofrece lo que inclusive muchos republicanos moderados han considerado como condiciones laborales para levantar las economías disminuidas en estos días", explica Durán.
Los estados de Alabama, Georgia, Utah e Indiana han impulsado leyes similares a la de Arizona, considerada la más dura legislación antiinmigrante de EE. UU., para estrechar el cerco a los indocumentados, pero tanto en Arizona como en los demás sitios los tribunales han bloqueado esas medidas.